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Justicia Exprés

Justicia Exprés

Por Adrián Ventura.Hace unos meses, un día como cualquier otro, un hombre montó en cólera y rompió una vidriera. La policía lo identificó; él tenía una condena previa, pero paseaba como si nada hubiera ocurrido en su vida. Esta vez tuvo menos suerte: su caso cayó en manos de un fiscal porteño. En apenas 15 horas, fue procesado y condenado a dos años de prisión con cumplimiento efectivo. Hoy, continúa en la cárcel.Los fiscales porteños, que conforman el Ministerio Público, trabajan 365 días al año, sin feria judicial; reciben denuncias por teléfono, mail o en sus Blackberry; entrevistan a los testigos por teléfono; dos camionetas acercan asesoramiento a los barrios menos favorecidos; instalaron fiscalías de distrito y centros de atención por toda la ciudad; no escriben fatigosos y gruesos expedientes, sino carpetas de diez páginas; la imagen de Gaturro ilustra la folletería, y las causas judiciales se resuelven en pocos días o semanas. Esta eficiencia, traducida en varios casos resonantes, ya fue tapa de los grandes diarios.Esto ocurre en la Ciudad de Buenos Aires, donde el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Germán Garavano, desarrolló un avanzado modelo de gestión y atención, tan rápido como el de grandes ciudades como Nueva York, pero que tiene características autóctonas y que es único en América Latina.Es un sistema que combina el modelo acusatorio, en el que los fiscales tienen muchas atribuciones (a diferencia de lo que ocurre en la Nación, donde los jueces son figuras más relevantes), con una organización óptima de recursos.Es cierto que los veinticuatro fiscales porteños -en poco tiempo serán cuarenta- no atienden los delitos más graves, como homicidios o robos, porque el gobierno nacional todavía se niega a transferirle esas competencias a la justicia porteña, a pesar de que hay varios proyectos oficiales que llevan las firmas del jefe del bloque de senadores del PJ, Miguel Pichetto, o del senador oficialista Daniel Filmus.Pero estos fiscales sí se ocupan con mucha eficiencia de la portación de armas de uso civil (hasta calibre 32), razón por la que detuvieron a 700 personas; castigan marchas realizadas sin previo pedido de autorización (por ejemplo, condenaron a Omar Viviani, líder de los taxistas, y, por eso, el gremio fue sentenciado a transportar gratuitamente a jubilados a distintos hospitales); se ocupan de violencia doméstica, conflictos vecinales, amenazas, daños a la propiedad y al medio ambiente y discriminación. Y fueron ellos quienes comenzaron con los tests de alcoholemia -las estadísticas arrojan una reducción de los niveles entre automovilistas- antes de que el gobierno de Mauricio Macri lanzara esa campaña.Buenos Aires no es una ciudad dócil. Hay zonas que parecen liberadas para la venta ambulante (Retiro, Liniers, Cabildo), para la prostitución (Constitución) y para la circulación de armas (un corredor perfectamente definido de la zona sur, que va desde Barracas hacia el centro, donde se producen más secuestros de armas). Se trata de hacer la ciudad más "vivible" para los vecinos.Garavano, el jefe de los fiscales, no es un hombre del gobierno de Macri. "En realidad, en la ciudad hay mayor equilibrio de poderes que en la Nación: el jefe de Gobierno porteño no interviene en la designación de jueces y fiscales, que son nombrados por el Consejo de la Magistratura (donde el Poder Ejecutivo no está presente) y por la Legislatura, donde la oposición tiene una fuerte participación", explica Garavano.A fines de año, cuando el gobierno porteño entró en crisis por el caso de Fino Palacios y las escuchas telefónicas, Macri consideró el nombre de Garavano para reemplazar al ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, pero el jefe de los fiscales afirma que su futuro seguirá vinculado con la Justicia, y que prefiere "ser independiente".Desde un primer momento, él y quienes trabajan bajo sus órdenes decidieron que había que cambiar la imagen del Poder Judicial, por lo menos en la Ciudad, para no reproducir algunos esquemas rígidos que padece la justicia nacional y, de ese modo, hacer la justicia porteña más amigable y cercana a los problemas de los vecinos.Por eso, crearon una organización completamente nueva. En lugar de concentrar a todos los funcionarios en un solo edificio, en el microcentro, se decidió abrir en la ciudad cuatro fiscalías de distrito: en el Distrito Sudeste atienden seis fiscales; en el Norte funciona la oficina más nueva, en Cabildo e Iberá, donde se desempeñan cinco fiscales; en el Este, que abrirá a mitad de año, habrá seis, y en el Distrito Sur, que estará listo en 2011, trabajarán seis fiscales. Y este año, además, se pondrán en marcha diez centros de atención.A diferencia de los juzgados nacionales, cada uno de los cuales es una isla y el juez conduce a una veintena de empleados, las oficinas, de vidrio, son completamente abiertas, y los fiscales comparten los mismos empleados y las presiones del trabajo. Allí hacen un seguimiento de casos por pantalla, donde puede verse hasta el más mínimo detalle de cada caso.Cuando reciben una denuncia, sea por mail o por vía del 0800-33-347225 (0800-33-FISCAL), el fiscal es notificado inmediatamente en su Blackberry. Allí, la denuncia comienza a transitar por dos carriles: va a mediación contravencional o penal, en cuyo caso el problema se soluciona en 15 días, o en 24 horas se comienza a preparar un juicio, con intervención del fiscal, quien escucha a los testigos y toma la indagatoria.Además, en estos días comenzó a trabajar un Cuerpo de Investigadores Judiciales, una suerte de Policía Judicial, que no existe a nivel nacional, donde trabajan 60 expertos en balística, químicos y otros profesionales que otrora se desempeñaron en fuerzas de seguridad. El C.S.I. de la serie, en la Argentina se llama C.I.J.La denuncia se resuelve rápidamente: el imputado, si no tiene antecedentes, puede recibir el beneficio de la suspensión a prueba. Pero si los tiene, o las pruebas incriminatorias son concluyentes, se somete a un juicio abreviado, aceptando sin proceso la condena, o directamente es juzgado y condenado, pena que en algunos casos puede llegar en un lapso de entre 15 y 36 horas después de formulada la denuncia.Esa justicia exprés porteña es un modelo interesante para comenzar a repensar la justicia nacional, por cierto más compleja y mucho más voluminosa. No hay modelos transportables, pero hubo fiscales que asumieron un desafío y parecen estar logrando un objetivo. Por eso, a fines de 2009, la organización IDEA le otorgó al Ministerio Público el premio Hexágono; la Fiscalía certificó algunos de sus servicios con las normas ISO 9001-2008 (IRAM) y el gobierno porteño le entregó un reconocimiento por incluir entre sus empleados a muchos discapacitados.Fuente: Revista LA NACIÓN | Domingo 14 de marzo de 2010.

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